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Plan de Respuesta ante Sequía

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El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED), en conjunto con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, motivados por el recurrente estado de desastre ocasionado por el impacto de los diferentes eventos (súbitos o en proceso) sobre el territorio nacional y sus consecuencias ambientales, han asumido la responsabilidad de elaborar en el seno de la Comisión Ambiental Sectorial del SINAPRED, el Plan de Repuesta Institucional Sectorial (PRIS), como un paso importante a la adopción de medidas y acciones contingentes ante cada evento, ello dentro del marco y conjunto de acciones encaminadas a fortalecer los procesos de Gestión del Riesgo en Nicaragua. Esto se inserta dentro de las políticas y el Plan de Desarrollo del Gobierno de Nicaragua.

En este contexto, el presente manual presenta el PLAN DE RESPUESTA INSTITUCIONAL PARA SEQUÍA en la escala municipal, orientándose las coordinaciones desde lo Local hasta su integración al nivel Nacional, de manera que permita a los diferentes actores responsables de la Gestión Ambiental del Municipio (según la Ley 217), implementar las medidas de contingencia, evaluar los daños ocasionados y establecer las medidas de mitigación de los impactos ambientales y costos de recuperación ante posibles Sequías.


El Plan de Respuesta Institucional /Sectorial Municipal (PRIM) de la Comisión del Ambiente del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención ante Desastres (SINAPRED, Ley 337), es el conjunto de mecanismos e instrumentos mediante el cual las instituciones y actores que conforman esta Comisión Ambiental, establecen de manera coordinada sus políticas, prioridades y acciones de respuesta y contingencia ante los diferentes eventos de índole natural o antrópica y sus momentos, con el fin de reducir el impacto de estos, los cuales de manera sistemática originan estados de desastre sobre el ambiente, dadas las condiciones de riesgo existentes, resultado de la conjunción de las variables de amenaza y vulnerabilidad en el mismo.

El Gobierno de Nicaragua ha definido en la Política Ambiental de la nación el principio consignado en la Ley 217 (Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales), en el sentido que el criterio de prevención prevalece sobre cualquier otro en la gestión ambiental.

Este Plan de Respuesta Institucional / Sectorial (sector ambiente) se basa en la serie de instrumentos del marco jurídico nacional que establece el conjunto de atribuciones y responsabilidades de las instituciones del Estado y sectores que conforman la comisión, y a la vez se articula con la Política Ambiental de Nicaragua cuyo propósito es el de orientar el accionar coherente de la administración pública, así como la actuación de organizaciones civiles y de la población nicaragüense en general, a fin de preservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental propicia para la vida, garantizando una gestión ambiental armonizada con el crecimiento económico, la equidad social, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación sustentable del medio ambiente, reduciendo los riesgos ante posibles estados de desastre en los diferentes niveles de organización política y administrativa del municipio.
Asimismo, en el marco de la Ley 337 (Ley creadora del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención ante Desastres), se destacan como lineamientos rectores para la gestión del riesgo los siguientes principios:

1. Las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres deberán desarrollarse en función de los intereses de la sociedad.
2. Los procesos de la gestión del riesgo deben resguardar la seguridad ciudadana y de los bienes de ésta y del Estado.
3. La participación de la población en la gestión del riesgo, se constituye en un derecho constitucional.
4. La reducción de los riesgos eventuales ante los desastres debe formar parte de la planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y de la inversión pública y privada, en los diferentes niveles de la organización territorial del país.

Nicaragua es singular por su historia y diversidad étnica, cultural y de biodiversidad. La coexistencia de diferentes culturas y etnias representan un importante capital humano con insospechados conocimientos sobre los potenciales de nuestra biodiversidad, una de las más importantes del planeta. Y en el marco de la Ley 217, se destacan como lineamientos particulares para la gestión del riesgo los siguientes principios rectores:

1. El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base para el desarrollo sostenible del país.
2. Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el ambiente, mejorarlo, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles.
3. El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del ambiente.
4. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas en todas las actividades que impacten el ambiente.
5. El Estado debe reconocer y prestar apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, sean éstas de las Regiones Autónomas, del Pacífico o Centro del País, en sus actividades para la preservación del ambiente y uso sostenible de los recursos naturales.
6. El derecho de propiedad tiene una función social ambiental que limita y condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley y de las Leyes ambientales especiales Vigentes o que se sancionen en el futuro.
7. La Libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades económicas y sociales, está limitada y condicionada por el interés social, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política, la presente Ley y las leyes ambientales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

El Plan de Respuesta Institucional /Sectorial Municipal (del Ambiente) se enlaza con la Estrategia Nacional de Desarrollo del Gobierno de Nicaragua, que plantea una estrategia diferenciada que permita, por un lado, proteger de las vulnerabilidades ambientales, económicas y sociales a los grupos de población asentada en territorios con escasos potenciales de desarrollo, sobre todo en los lugares aislados, con densidades de población muy bajas y donde las poblaciones naturalmente emigran, o en territorios cuyos ambientes ecológicos están sumamente degradados, definiendo que es en ellos donde se requieren estrategias de largo plazo que permitan la recuperación ambiental, el reordenamiento habitacional y la adecuación productiva a través de procesos educativos.

Puede descargar para más detalles nuestro Plan de Respuesta ante Sequía

 
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